Llega el fin de la morosidad a pymes y autónomos

La debilidad a la que deben hacer frente las pymes españolas es evidente. Esta característica, se hace patente a nivel de tamaño, excesiva normativa legal, brecha digital o los pocos medios, entre otros aspectos. A nivel institucional es un tipo de acoso a las empresas más pequeñas con una legislación ambigua que posibilita que existan diversos abusos por parte de los empresarios.

A pesar de todo ello, lo cierto es que tanto los autónomos como las pymes, ofrecen trabajo al 67% de los trabajadores en España y aportan hasta un 65% del PIB.

Una nueva Ley que ayuda a estos sectores

Por ello, además de por un tema de justicia, son merecedores de tener una protección adecuada, cobrando por el trabajo en el plazo indicado y si no, se debe actuar con la ley en la mano. La Ley de Contratos del Sector Público entró en vigor el pasado 9 de marzo, ocupándose de las pymes a la hora de aumentar su accesibilidad y eliminando la arbitrariedad que posibilitaba el alargamiento de plazos en los pagos a realizar.

La nueva Ley no contempla pactar plazos de pago diferentes a los legales bajo ninguna circunstancia. Por ello, evitará el pago a través de pagarés con plazos que alcanzan hasta los 250 días.

Por otro lado, la Administración se otorga para sí misma un plazo de hasta 30 días máximo para aprobar las certificaciones. Hasta ahora, diversas entidades públicas disponían de hasta 6 meses o incluso más para certificar las facturas.

Ausencia de sanción por el incumplimiento de ley

A pesar de que estas medidas son bienvenidas, aún quedan diversos ítems para cortar la morosidad española. A día de hoy, se encuentra en trámite parlamentario la Propuesta de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad, que conlleva un régimen sancionador que castiga los incumplimientos en los plazos de pagos entre las empresas y entre las empresas y la Administración.

Los partidos políticos, ahora deben ponerse de acuerdo para cerrar los temas pendientes. De esta forma, el esfuerzo que se ha realizado en la Ley de Contratos del Sector Público será recompensado y las pymes se asegurarán el hecho de cobrar su trabajo en los plazos determinados.